Recurso de revisión en el Derecho Migratorio mexicano | Defensa jurídica para Migrantes
Una de las cuestiones más importantes para un migrante que ingresa, transita, sale o reside en México es conocer sobre los mecanismos jurídicos de defensa con los que cuenta ante una decisión por parte de las autoridades migratorias, puesto que una decisión únicamente puede tener dos grandes aspectos para un migrante: puede darle un beneficio, una ventaja, lo que se traduce en una resolución positiva a una petición, o bien, puede afectarle, ser una desventaja, lo que se traduce desde una resolución negativa. El recurso de revisión es uno de los mecanismos de defensa más importantes del sistema jurídico mexicano y que puede ser utilizado por un migrante para la defensa de sus derechos migratorios.
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Una resolución puede tener impacto en cuatro ámbitos, que son tomados de las cuatro principales actividades que regula la Ley de Migración: 1) ingresar o 2) salir del territorio mexicano, por parte de mexicanos y extranjeros y 3) transitar y/o 4) residir dentro de la república mexicana, por parte de los extranjeros. En cada uno de estos ámbitos de puede dar una resolución positiva o negativa a una petición de los particulares.
Las autoridades que actúan en estos cuatro ámbitos pueden ser:
El Instituto Nacional de Migración, en todas sus áreas y oficinas a lo largo del país incluyendo los lugares destinados al tránsito de las personas, es decir, las fronteras terrestres y aéreas.
La Secretaría de Relaciones Exteriores, en cuanto le corresponde a esta autoridad la regulación sobre las visas otorgadas para México, en sus embajadas y/o consulados, así como los demás trámites que pueden desarrollarse en estas instalaciones.
La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en cuanto le corresponde el ejercicio de la tramitación de los procesos de refugio para extranjeros en México.
Otras, que se relacionan con los cuatro ámbitos principales descritos más arriba.
Entonces cualquiera de estas cuatro autoridades (habría que definir con precisión dependiendo del caso particular la correspondiente al inciso 4) puede emitir una resolución que sea de carácter positivo o negativo. Cuando se da una resolución negativa, en consecuencia, desde luego, ocurre una afectación en la esfera jurídica de un migrante. ¿Qué puede hacer entonces para defenderse? Pues un ciudadano cuenta con varios mecanismos de defensa, pero en este artículo quiero centrarme en el recurso de revisión.
Para entender en dónde se sitúa, y por lo tanto, regula, al recurso de revisión, debemos comprender que, si bien es cierto que el derecho migratorio en México posee cierta autonomía, esto es que es una rama del derecho que se rige por sus propios principios, sus propias leyes, autoridades y tiene trámites y procedimientos particulares, perfectamente definidos, también es cierto que sigue siendo una subrama del derecho administrativo, por lo cual le aplican a sus procesos también las disposiciones establecidas en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.
¿Qué regula esta Ley? Lo define, desde luego, su Artículo 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden e interés públicos, y se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal centralizada, sin perjuicio de lo dispuesto en los Tratados Internacionales de los que México sea parte. El presente ordenamiento también se aplicará a los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el estado preste de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares sólo puedan celebrar con el mismo.
Debe entenderse que los procedimientos migratorios forman parte de la administración pública centralizada, puesto que las tres primeras autoridades mencionadas en los incisos arriba son autoridades que se ubican en esta zona del ejercicio jurídico del gobierno de México. La Secretaría de Relaciones Exteriores es una secretaría dependiendo del Ejecutivo Federal, el presidente de la república, uno de los tres poderes de la unión, al igual que la Secretaría de Gobernación, y tanto el Instituto Nacional de Migración, como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados son autoridades que dependen de aquella, así es como se entiende que sus procedimientos también son regulados por la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, según lo determina su artículo primero.
Una resolución de alguna de estas autoridades migratorias, que como ya dijimos, puede afectar negativamente a un migrante, también es un acto administrativo. Es bueno entonces comprender qué es y cuáles son las características de este importante concepto. Y lo podemos analizar a la luz del artículo 3º de la Ley que venimos citando.
Artículo 3.- Son elementos y requisitos del acto administrativo: I. Ser expedido por órgano competente, a través de servidor público, y en caso de que dicho órgano fuere colegiado, reúna las formalidades de la ley o decreto para emitirlo; II. Tener objeto que pueda ser materia del mismo; determinado o determinable; preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar, y previsto por la ley; III. Cumplir con la finalidad de interés público regulado por las normas en que se concreta, sin que puedan perseguirse otros fines distintos; IV. Hacer constar por escrito y con la firma autógrafa de la autoridad que lo expida, salvo en aquellos casos en que la ley autorice otra forma de expedición; V. Estar fundado y motivado; VI.- (Se deroga) Fracción derogada DOF 24-12-1996 VII. Ser expedido sujetándose a las disposiciones relativas al procedimiento administrativo previstas en esta Ley; VIII. Ser expedido sin que medie error sobre el objeto, causa o motivo, o sobre el fin del acto; IX. Ser expedido sin que medie dolo o violencia en su emisión; X. Mencionar el órgano del cual emana; XI.- (Se deroga) Fracción derogada DOF 24-12-1996 XII. Ser expedido sin que medie error respecto a la referencia específica de identificación del expediente, documentos o nombre completo de las personas; XIII. Ser expedido señalando lugar y fecha de emisión; XIV. Tratándose de actos administrativos deban notificarse deberá hacerse mención de la oficina en que se encuentra y puede ser consultado el expediente respectivo; XV. Tratándose de actos administrativos recurribles deberá hacerse mención de los recursos que procedan, y XVI. Ser expedido decidiendo expresamente todos los puntos propuestos por las partes o establecidos por la ley.
Debe entenderse entonces que si una resolución por parte de una autoridad administrativa no cumple con todas estas características, que son requisitos esenciales, formalmente definidos en la norma jurídica, entonces es una resolución contraria a derecho, por lo cual, abre la puerta para que un particular haga uso de algún mecanismo de defensa, como el recurso de revisión.
Desde luego, es importante siempre analizar la naturaleza del acto administrativo que se quiere combatir, las características particulares de una resolución administrativa y lo que, según un criterio jurídico, la hace ilegal. En algunas ocasiones, en lugar de optar por el recurso de revisión será más conveniente elegir una estrategia jurídica basada en un juicio de amparo o bien en un juicio de nulidad. Mecanismos que revisaremos en otra parte.
En el caso del particular recurso de revisión, hay que decir que, por supuesto, se regula en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo en diversos artículos.
Artículo 83.- Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda.
Artículo 84.- La oposición a los actos de trámite en un procedimiento administrativo deberá alegarse por los interesados durante dicho procedimiento, para su consideración, en la resolución que ponga fin al mismo. La oposición a tales actos de trámite se hará valer en todo caso al impugnar la resolución definitiva.
Artículo 85.- El plazo para interponer el recurso de revisión será de quince días contado a partir del día siguiente a aquél en que hubiere surtido efectos la notificación de la resolución